Entre 2018 y 2024, la carencia por acceso a servicios de salud en México creció más del doble. Según cifras recién publicadas por el INEGI, pasamos de 20.1 millones de personas sin cobertura médica a 44.5 millones, lo que representa el 34.2 % de la población nacional.
Este retroceso impacta especialmente a las comunidades más vulnerables. En las zonas rurales, casi la mitad de los habitantes (48.7 %) carece de acceso a atención médica, frente al 13.7 % registrado en 2018. En las ciudades, aunque el impacto fue menor, uno de cada tres mexicanos urbanos (30.1 %) también está fuera del sistema.
¿Qué pasó con el sistema de salud?
El cambio institucional iniciado en 2020 con la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI —y su posterior sustitución por IMSS-Bienestar en 2023— dejó huecos importantes en el acceso a servicios, particularmente en atención primaria, surtido de medicamentos y cobertura comunitaria.
“El número de personas que dejaron de tener atención no se debe solo a una decisión política, sino a la falta de planeación para garantizar la transición”, advirtió un análisis de Animal Político. A esto se suman denuncias por desabasto persistente, pérdida de expedientes y reducción en el número de consultas.
Estados con mayor afectación
La carencia de acceso no se distribuye de manera uniforme: Chiapas, Puebla y Michoacán encabezan la lista con más del 45 % de sus habitantes sin derecho a servicios médicos. En contraste, entidades como la Ciudad de México y Baja California Sur mantienen niveles relativamente bajos.
¿Hay señales de mejora?
Aunque el deterioro ha sido severo, los últimos dos años muestran una ligera recuperación: la proporción de población sin cobertura bajó de 39.1 % en 2022 a 34.2 % en 2024. Este descenso se atribuye a esfuerzos por integrar los sistemas estatales al modelo IMSS-Bienestar y una mayor inversión en infraestructura en zonas marginadas.
Sin embargo, especialistas advierten que la cifra sigue siendo inaceptable en un país que aspira a garantizar el derecho a la salud como lo dicta la Constitución. La recuperación será lenta si no se acompaña de transparencia, fortalecimiento del personal médico y una política pública centrada en la equidad.
Lo que se puede hacer
Organizaciones civiles, universidades y colectivos de salud comunitaria han propuesto rutas para cerrar la brecha, entre ellas:
- Reforzar la atención primaria y la medicina preventiva.
- Aumentar el presupuesto en salud pública con criterios de equidad.
- Desarrollar un padrón nacional de usuarios con cobertura universal.
- Supervisar con independencia la compra y entrega de medicamentos.
La situación actual exige una respuesta clara y sostenida. Garantizar el acceso a la salud no es solo una obligación legal, sino una herramienta clave para reducir la desigualdad estructural en el país.
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