Por Deyanira Perales R.
Ante el escándalo que hoy envuelve al secretario de Economía del gobierno de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, no estamos frente a un episodio aislado ni a una polémica menor. Estamos frente a un caso que obliga a replantear, con seriedad, los límites del poder y la forma en que éste se ejerce desde el gobierno.
Porque no se trata —y hay que insistir en ello— de que su hijo haya estudiado en el extranjero. Ese no es el problema. El punto central es el uso de espacios públicos, como lo es una embajada, para resolver asuntos de carácter personal. Ahí es donde el poder deja de ser una responsabilidad y se convierte en privilegio.
Y el privilegio, cuando se normaliza, se vuelve corrupción.
Resulta particularmente grave que un actor político con la trayectoria de Marcelo Ebrard minimice el hecho. Su respuesta no solo evade el fondo del cuestionamiento, sino que construye una narrativa peligrosa: la de reducir un posible abuso de poder a una simple “preocupación de padre”.
Pero ante la evidencia, el cinismo.
Porque no hay forma de explicar cómo un asunto estrictamente personal termina resolviéndose desde una representación oficial del Estado mexicano. No es percepción, no es interpretación: es el uso de lo público para fines privados.
Y el abuso del poder no siempre se presenta con estridencia. A veces se esconde en decisiones aparentemente pequeñas, en beneficios que se consideran “normales” desde la comodidad del cargo. Pero para una ciudadanía que enfrenta desigualdad estructural, esas “pequeñas concesiones” son enormes.
Más preocupante aún es el manejo institucional del caso. La aparición del funcionario en la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pretende enviar un mensaje de transparencia, pero corre el riesgo de convertirse en un acto de simulación. Porque permitir que el propio señalado se explique en un espacio controlado no equivale a rendición de cuentas.
No basta con responder. Hay que esclarecer.
No basta con justificar. Hay que asumir responsabilidades.
Y no basta con colocar el tema en la agenda pública si no existe una consecuencia clara frente a un posible acto indebido.
El problema de fondo es que se sigue administrando la narrativa en lugar de enfrentar la realidad. Se apuesta a que la explicación sustituya a la responsabilidad, y a que el discurso vuelva a imponerse sobre los hechos.
Pero este no es un asunto menor. No es un tema de percepciones ni de interpretaciones políticas. Es, en esencia, corrupción. Uso indebido del poder, aunque se intente disfrazar de cotidianidad o de afecto familiar.
En un país donde millones de jóvenes ven limitado su futuro por falta de oportunidades, estos episodios no solo indignan: confirman que la distancia entre el discurso y la realidad sigue siendo abismal.
Hoy más que nunca, la ciudadanía entiende que la corrupción no se erradica con slogans ni con conferencias. Se combate con congruencia, con límites y, sobre todo, con consecuencias.
Porque cuando el poder se usa para beneficio personal, deja de ser servicio público.
Y cuando no hay consecuencias, el mensaje es claro: el abuso no solo se permite, se tolera.
Por eso, cuando ante la evidencia la respuesta es el cinismo, lo que queda claro no es un mal cálculo ni un error político, sino una forma deliberada de ejercer el poder.
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