La advertencia de un posible estallido social lanzada por la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) pone sobre la mesa una crisis múltiple que afecta al campo chihuahuense: sequía histórica, plagas no atendidas, restricciones comerciales y reformas legales que amenazan derechos adquiridos.
Alárgaro Bustillos Fuentes, presidente de la UGRCH, alertó que si no hay respuestas claras por parte de las autoridades, las recientes movilizaciones de agricultores y transportistas podrían ser apenas el inicio de un conflicto mayor. La reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, que según los productores elimina la posibilidad de transmitir concesiones de agua, es una de las principales causas del malestar. «Nos quieren quitar el patrimonio», declaró Bustillos, en referencia a derechos históricos de riego.
A esto se suma el impacto de la sequía más severa en 40 años, que ha reducido dramáticamente los volúmenes de agua en presas y mantos freáticos, afectando la producción ganadera y de forrajes. Por si fuera poco, la plaga del gusano barrenador ha reaparecido, y en el presupuesto federal 2026 no se contemplan recursos para su combate.
La situación se agrava por los obstáculos a la exportación de carne y ganado, debido a restricciones sanitarias que, según los productores, podrían haberse evitado con mayor prevención y coordinación institucional.
Frente a este panorama, la UGRCH pide diálogo directo con autoridades federales y legisladores, y exige una estrategia integral para salvar al campo. El riesgo de un estallido no es una amenaza, advierten, sino el reflejo de un sector que siente que ha sido abandonado.
La solución está en reconstruir la confianza, garantizar derechos hídricos justos y atender las urgencias sanitarias y económicas del campo. Porque la paz social también se cultiva con justicia rural.
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