Chihuahua, Chih. — 28 de agosto de 2025. Un grupo de manifestantes bloqueó esta mañana las calles Aldama y Carranza, frente al Palacio de Gobierno, para exigir la firma de un convenio entre el gobierno estatal y la federación que garantice una beca universal para personas con discapacidad en Chihuahua.
La movilización, convocada por el colectivo Los de Abajo, reunió a unas 30 personas, según reportes viales, y fue respaldada por los senadores Javier Corral y Juan Carlos Loera. La protesta ocasionó afectaciones en el tránsito vehicular y peatonal en el centro de la ciudad, y obligó a la Policía Vial a cerrar varias calles aledañas.
¿Qué exigen y por qué?
La principal demanda es que el Gobierno del Estado firme un convenio con la federación que permita la implementación de un programa de apoyo económico mensual para todas las personas con discapacidad, sin restricciones por edad o tipo de condición.
Este programa ya opera en algunos estados del país gracias a la colaboración entre entidades y la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, en Chihuahua no se ha concretado el acuerdo.
“Queremos lo que ya tienen otras personas en el país. Esto no es un privilegio, es un derecho a la inclusión y a una vida digna”, expresó una de las participantes, madre de un joven con discapacidad motriz.
Diálogo y tensión
Aunque la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común ha sostenido mesas de diálogo con distintos colectivos, los manifestantes señalaron que no ha habido avances concretos.
Desde el gobierno estatal se ha señalado que el retraso obedece a falta de claridad en las reglas de operación federales, así como a la necesidad de garantizar que los padrones se elaboren con criterios técnicos y sin uso político.
El senador Juan Carlos Loera ha sido uno de los principales impulsores del programa desde su etapa como delegado de Bienestar, y ha reiterado que el gobierno estatal «no puede seguir postergando un acuerdo que beneficia directamente a una población históricamente excluida».
Más allá del bloqueo
La manifestación no solo visibiliza una demanda urgente, sino que refleja una discusión de fondo: ¿cómo garantizar los derechos de las personas con discapacidad en un contexto de fragmentación política?
Si bien las protestas generan incomodidad —especialmente cuando afectan vialidades—, también abren un espacio necesario para discutir la responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno.
¿Y ahora qué?
La expectativa ahora recae en si el Gobierno del Estado establecerá una ruta clara para firmar el convenio y ampliar el acceso a este apoyo. Mientras tanto, los colectivos anunciaron que mantendrán presencia en espacios públicos hasta obtener una respuesta formal.
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