Reforma electoral México vuelve al centro del debate público tras la aprobación de cambios que han generado cuestionamientos sobre su impacto real en la democracia. Esta columna analiza el trasfondo político y las implicaciones del proceso.
El proceso de discusión y aprobación de la reforma político-electoral en México confirma una constante que se ha repetido en los últimos años: las grandes transformaciones anunciadas terminan reducidas a acuerdos mínimos, producto de negociaciones políticas que poco tienen que ver con una visión de Estado.
Lo que en un inicio se planteó como una reforma de fondo, capaz de atender los problemas estructurales de nuestro sistema democrático, hoy se presenta como una versión claramente limitada y desdibujada. Y no porque los diagnósticos hayan cambiado, sino porque los intereses en juego terminaron imponiéndose sobre cualquier intención de transformación real.
Conviene decirlo con claridad: México sí necesita una reforma política profunda. La crisis de representación es inocultable; la distancia entre partidos y ciudadanía es cada vez mayor; los privilegios partidistas resultan difíciles de justificar; las campañas políticas han perdido sentido; y las instituciones, en muchos casos, operan con limitaciones estructurales que nadie ha querido corregir de raíz.
Sin embargo, el problema de origen persiste: es la propia clase política la que se regula a sí misma. Y en ese ejercicio, los incentivos no están puestos en cambiar el sistema, sino en administrarlo. Por eso, sin presión social real, las reformas terminan siendo acuerdos de élite, donde se negocian equilibrios, no soluciones.
Bajo esta lógica debe entenderse la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Más allá de su contenido, el proceso mismo ha evidenciado algo más relevante: las tensiones al interior del bloque mayoritario y la complejidad de construir acuerdos incluso cuando se cuenta con los votos suficientes.
Aquí es donde aparece el primer plano de análisis: el político.
Por un lado, es innegable que los tropiezos iniciales y las diferencias con aliados como el Partido del Trabajo exhiben una falta de cohesión en la coalición gobernante. La mayoría calificada no ha sido sinónimo de disciplina política, y los aliados han dejado claro que su respaldo tiene condiciones.
Por otro lado, también es cierto que estos jaloneos forman parte de un proceso de reconfiguración del poder. Las alianzas no son estáticas y, conforme avanza el sexenio, cada fuerza política busca reposicionarse de cara a 2027. En ese contexto, lo que hoy parece un desencuentro puede terminar siendo el inicio de nuevos equilibrios.
Ambas lecturas no se excluyen. Por el contrario, reflejan la naturaleza misma del ejercicio del poder: dinámico, condicionado y, en muchos casos, profundamente pragmático.
En el segundo plano, el del contenido, la reforma deja más dudas que certezas. La reducción del número de regidores en los ayuntamientos, presentada como una medida de austeridad, implica en realidad una disminución en la representación de las minorías. Los ajustes al financiamiento de partidos y a los órganos legislativos locales son, en el mejor de los casos, cambios administrativos que no inciden en la calidad de la democracia.
Y entre estos elementos, apareció uno particularmente delicado: el intento de adelantar la ratificación de mandato a 2027. Más allá de su viabilidad, el planteamiento evidenciaba una intención política clara, al introducir un posible factor de inequidad en el proceso electoral al colocar a la titular del Ejecutivo en la boleta en plena contienda intermedia. Finalmente, este punto fue retirado en el proceso de negociación, lo que confirma que, incluso con mayorías, las decisiones no son unilaterales y están sujetas a los equilibrios internos del poder.
La discusión en la Cámara de Diputados terminó por confirmar que el fondo de la reforma fue desplazado por la forma del enfrentamiento. Acusaciones, descalificaciones y narrativas cruzadas dominaron un debate donde el contenido quedó en segundo plano. Oficialismo y oposición no discutieron cómo fortalecer la democracia, sino cómo posicionarse frente a ella.
En ese escenario, la oposición volvió a ocupar un papel más reactivo que propositivo, mientras que el oficialismo logró avanzar, aunque a costa de diluir su propia iniciativa. El resultado es una reforma que no responde a la magnitud de los problemas que pretende atender.
Al final, lo que deja este proceso no es una transformación del sistema electoral, sino una radiografía del momento político que vive el país: mayorías que no son monolíticas, alianzas que se tensan, oposiciones que no terminan de articularse y reformas que se negocian más en función del poder que de la ciudadanía.
Pero hay un dato que no puede pasarse por alto: el oficialismo logró lo que parecía improbable. Con el respaldo de Movimiento Ciudadano, consiguió los votos necesarios para sacar adelante el llamado Plan B. No fue una victoria construida sobre la solidez de un proyecto, sino sobre la capacidad de tejer acuerdos en el momento clave, aun cuando eso implicara diluir el contenido original de la reforma.
Eso redefine el tablero político.
Porque más allá del discurso, lo que quedó claro es que Morena y sus aliados mantienen la capacidad de construir mayorías, incluso fuera de su bloque tradicional. Y que la oposición, una vez más, no logró impedirlo ni posicionarse como una alternativa capaz de incidir en el resultado.
La reforma se aprobó. Pero no como se planteó al inicio, ni como lo exigía la realidad democrática del país.
Se aprobó como suelen aprobarse las cosas en México: negociando el poder, administrando los costos y dejando pendientes los problemas de fondo.
Y en esa lógica, la pregunta ya no es si esta reforma fortalece la democracia.
La pregunta es quién está en mejores condiciones de aprovecharla rumbo a 2027
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