Ciudad de México.— Con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Se trata de un paso clave para enfrentar uno de los delitos que más afectan a comerciantes, transportistas, pequeñas empresas y comunidades vulnerables en el país.
Esta ley busca, por primera vez, establecer un tipo penal único a nivel nacional, lo que permitirá que el delito de extorsión tenga la misma definición y consecuencias legales en todos los estados del país. Hasta ahora, cada entidad federativa manejaba sus propias normas, lo que dificultaba la persecución y sanción del delito.
Además, la reforma contempla que la extorsión se persiga de oficio, es decir, que las autoridades inicien investigaciones sin necesidad de una denuncia formal por parte de la víctima. Esto representa un avance en la protección de quienes, por temor, no se atreven a denunciar.
Las sanciones también se endurecen significativamente: las penas básicas irán de 15 a 25 años de prisión, y podrían llegar hasta 42 años en casos agravados, como cuando se comete extorsión desde un centro penitenciario, se emplea violencia física o psicológica, o se aplica el llamado “cobro de piso”.
Otra medida relevante es la creación obligatoria de unidades especializadas en las fiscalías estatales y federales. Estas deberán contar con personal capacitado y herramientas específicas para investigar este tipo de delitos, muchas veces vinculados a estructuras del crimen organizado.
La extorsión ha crecido en los últimos años y afecta tanto a negocios establecidos como al comercio informal, al transporte público e incluso a comunidades rurales. Su impacto va más allá del daño económico: genera miedo, inhibe la actividad productiva y rompe el tejido social.
Legisladores y organizaciones civiles coinciden en que esta ley representa una oportunidad para enfrentar el fenómeno con mayor coordinación y eficacia. No obstante, también advierten que el reto será dotar de recursos y capacidades reales a las instituciones responsables de aplicar estas medidas.
El camino para erradicar la extorsión no será inmediato, pero esta reforma ofrece una base jurídica sólida para avanzar. La clave estará en su implementación, en el trabajo coordinado entre niveles de gobierno y en garantizar que las víctimas no estén solas.
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