Por Deyanira Perales R.
La elección de la persona que encabezará la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua se ha convertido, lamentablemente, en un auténtico botín político. Resulta no solo preocupante, sino profundamente contradictorio, que un organismo cuya función es proteger, promover y garantizar los derechos humanos —así como vigilar el actuar de las autoridades— hoy esté atrapado en una disputa entre fuerzas políticas.
Lejos de construirse un proceso ejemplar, transparente y centrado en el interés público, lo que ha prevalecido es una preocupante falta de coordinación y de conducción política. Más que un ejercicio institucional ordenado, el procedimiento ha sido errático: decisiones improvisadas, tiempos desarticulados y una evidente incapacidad para construir acuerdos.
El antecedente más claro es el fallido intento de designación en el Congreso, donde no se alcanzó la mayoría calificada requerida. En ese momento, la entonces aspirante, la ex diputada Georgina Bujanda, quedó descartada. Este episodio no solo evidenció diferencias entre las fuerzas políticas, sino algo más grave: la ausencia de diálogo efectivo, de negociación seria y de una ruta clara para lograr consensos. Cuando un proceso de esta naturaleza fracasa en su primera etapa, no es casualidad; es reflejo directo de la falta de coordinación.
Hoy, en este nuevo intento por nombrar a quien ocupará la titularidad de la CEDH, el escenario no muestra señales claras de mejora. Persiste la incertidumbre, pero sobre todo persiste la incapacidad de construir acuerdos sólidos.
Y es importante dejar algo claro: quienes integran la terna son perfiles que fueron evaluados y altamente calificados dentro del proceso. Sin embargo, eso no exime la responsabilidad institucional de garantizar que todas y todos los aspirantes conozcan con claridad sus resultados, los criterios de evaluación y las razones de su posición. La transparencia no es opcional.
De lo contrario, se corre el riesgo de dejar sembrada una percepción sumamente dañina: que para formar parte de una terna no basta con el mérito, la capacidad o la trayectoria, sino que es necesario contar con un respaldo o padrinazgo político. Esa duda, por sí sola, erosiona la credibilidad del proceso y debilita a la institución desde su origen.
A esta falta de rumbo se suma un elemento particularmente delicado. El propio presidente de la Junta de Coordinación Política reconoció la existencia de un supuesto correo electrónico que pretende sembrar dudas sobre una de las aspirantes, aunque también admitió que se desconoce su origen. Más aún, dicho mensaje habría sido recibido únicamente por 15 de los 33 diputados, lo que incrementa las dudas sobre su intención y procedencia.
Este hecho no solo enrarece el proceso; revela un problema de fondo: la ausencia de control político y de reglas claras. La filtración selectiva de información sin sustento no es un hecho menor; es un síntoma del desorden que ha marcado todo el procedimiento.
Lo más preocupante es que la falta de coordinación ya no es un episodio aislado: se ha convertido en el eje que define el proceso. No hay certeza, no hay comunicación efectiva entre las fuerzas políticas y, sobre todo, no hay voluntad suficiente para construir un acuerdo que otorgue legitimidad al nombramiento.
La CEDH no puede ni debe ser reducida a un espacio de disputa. Está en juego una institución clave para la defensa de los derechos fundamentales de las y los chihuahuenses.
Los derechos humanos no pueden estar sujetos a cálculos políticos ni a improvisaciones. La designación de su titular exige altura de miras, responsabilidad institucional y un proceso transparente, ordenado y sustentado en criterios objetivos.
Hoy, además, el Congreso tiene la oportunidad de corregir el rumbo. La votación que finalmente se llevará a cabo no debe ser un mero trámite, sino un acto de responsabilidad pública que restituya la confianza en el proceso y en la institución.
Chihuahua necesita una Comisión Estatal de Derechos Humanos fuerte, autónoma y legítima. Esa legitimidad no se construye con desorden ni con presiones de última hora, sino con acuerdos claros, conducción política eficaz y pleno respeto al interés público.
De no estar a la altura, el costo será alto: se debilita la institución antes incluso de su renovación y se erosiona la confianza ciudadana en quienes deben garantizar los derechos de todas y todos. Eso, simplemente, no debe permitirse.
En ese contexto, es justo desear el mayor de los éxitos a quien el día de hoy resulte electa para encabezar la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No es un hecho menor: por primera vez en la historia del estado, será una mujer quien dirija esta importante institución. Este momento representa también una oportunidad para fortalecerla, dignificarla y demostrar que, más allá de las diferencias políticas, los derechos humanos deben estar siempre por encima de cualquier interés.
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