-La universalidad es un objetivo legítimo, pero sin capacidad operativa, financiamiento y sistema funcional, corre el riesgo de quedarse en el discurso-
Por Deyanira Perales Regalado
El gobierno de la Cuarta Transformación publicó el pasado fin de semana un decreto con el que se crea el Servicio Universal de Salud en México. La propuesta busca articular los servicios de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, IMSS-Bienestar y Petróleos Mexicanos.
En el papel, la intención parece incuestionable: avanzar hacia un sistema donde la salud sea verdaderamente un derecho universal. Sin embargo, cuando el discurso se contrasta con la realidad, surgen dudas que no pueden ignorarse.
¿Estamos realmente listos para esa universalidad?
¿En qué condiciones se encuentra hoy la red hospitalaria del país?
¿Se solventó la falta de medicamentos?
¿Existe suficiente personal médico, particularmente especialistas, para sostener un sistema de esta magnitud?
Porque hay una verdad incómoda que millones de personas enfrentan todos los días: en México, acceder a servicios de salud de calidad no es un derecho garantizado, es un privilegio condicionado. Depende del empleo, del lugar donde se vive y, muchas veces, de la capacidad económica.
La universalización de los servicios de salud no es solo una declaración de principios; requiere un presupuesto enorme y sostenido. Si bien el decreto hace referencia a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no detalla cómo se garantizarán los recursos en el largo plazo. Y ahí radica una de las principales preocupaciones: sin certeza financiera, cualquier intento de transformación estructural queda en el terreno de la intención.
El sistema de salud mexicano arrastra problemas históricos: infraestructura insuficiente, escasez de personal médico y profundas desigualdades regionales. A esto se suma la fragmentación institucional que, lejos de resolverse por decreto, requiere una coordinación compleja y sostenida.
Además, al tratarse de un servicio nacional, no es menor el riesgo de tensiones con los estados, que tradicionalmente han tenido un papel clave en la administración de los servicios de salud. La centralización, sin claridad operativa, puede generar más fricciones que soluciones.
Ampliar el acceso es, sin duda, un objetivo positivo. Pero si no se acompaña de mejoras reales en calidad, capacidad y eficiencia, el resultado puede ser el contrario al esperado: servicios saturados, tiempos de espera más largos y una atención cada vez más limitada.
Es ahí donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve profundamente ética.
¿Es responsable prometer universalidad cuando no se puede garantizar lo básico?
¿Se está construyendo una política pública sólida o una narrativa políticamente conveniente?
El decreto es ambicioso y responde a una demanda histórica de justicia social. Pero su éxito dependerá mucho menos de su redacción y mucho más de la capacidad del Estado para transformar recursos, instituciones y prácticas en un sistema verdaderamente funcional.
Porque la universalidad no se decreta.
Se construye con inversión, planeación y voluntad política sostenida.
Y cuando esa base no existe, los decretos no solo fallan: generan un espejismo de derechos que, al no materializarse, terminan profundizando la desigualdad. Lo que se presenta como garantía puede convertirse en saturación, en espera, en incertidumbre.
Porque en salud no hay margen para la simulación.
O se construye un sistema que funcione, o se seguirá administrando la carencia bajo nuevos nombres.
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